En el asunto Castañeda Gutman56 ese Tribunal -contradiciendo en alguna medida lo que venía diciendo en asuntos como Yatama contra Nicaragua57-, aceptó que la dirección del gobierno y su actividad democrática interior sea competencia exclusiva del Estado Mexicano58. Vale la pena recordar que la normativa del país vecino pasó -como es sabido- por varias vicisitudes en el ámbito doméstico68. De ahí que con el tiempo sería necesario -esto va a demorar- que se ponga en marcha una reforma al estilo europeo, donde los conflictos tramitan directamente ante un Tribunal regional. 46.2.a CADH)24, o que no se haya permitido al denunciante el acceso a los carriles domésticos o se hubiera impedido su agotamiento (art. El Tribunal regional en la Resolución de la Supervisión del caso "Gelman" (del 20 de marzo de 2013) ya referida, replicó con severidad los basamentos de los jueces domésticos, negando la posibilidad del 'margen de apreciación nacional' que había invocado la Corte Suprema Uruguaya. Ya dijimos que las sentencias de la Corte IDH son vinculantes para el caso concreto, y en algunas circunstancias producen efectos para los demás asuntos de la misma esencia (como en Perú). 98Corte IDH, Supervisión, Resolución de 31 de marzo de 2014, Considerandos, párr. Hemos visto en el presente apartado los hitos que progresivamente con marchas y contramarchas ha alcanzado el control de convencionalidad en los últimos años. National margin of appreciation. 107Corte IDH, Supervisión, Resolución de 20 de marzo de 2013, párr. 31Corte IDH,    Serie C N°    273,    de    26 de noviembre de 2013, párr. El artículo 455º del Código Procesal Civil señala que las defensas previas se proponen y se tramitan como las excepciones por lo que será de aplicación el artículo 447º del mismo cuerpo legal, el mismo que dispone que las excepciones se proponen conjunta y únicamente dentro del plazo previsto en cada procedimiento, sustanciándose en cuaderno … 86Corte IDH, Serie C N° 28, de 14 de septiembre de 1996. 20Corte IDH, Serie C N° 276, de 30 de enero de 2014, Voto del Juez Ferrer Mac-Gregor, párrs. Ley Orgánica de Municipalidades ... Al final del post encontrarán también el link de descarga en formato PDF. 13). Por ejemplo, siguiendo estas pautas, la Sala Colegiada Penal de Texcoco (México) estimó como obligatorio el control difuso de convencionalidad y puso de relieve que para resolver el asunto tuvo en cuenta "los criterios orientadores y obligatorios de la Corte Interamericana que sirven como base a este Tribunal Colegiado no sólo por su obligatoriedad sino porque ese Tribunal Internacional se puede considerar intérprete [...] del contenido de la Convención Americana"31. *Trabajo recibido el 13 de febrero de 2015 y aprobado el 6 de mayo de 2015. CODIGO CIVIL COMENTADO - TOMO I - PERUANO - PRELIMINAR PERSONAS Y ACTO JURIDICO . 7Albar y Canqado Trindade (1998), p. 584. A la par, existe el control de convencionalidad 'secundario' (concentrado) que es ejercido, obviamente por el Tribunal regional. Log in with Facebook Log in with ... Download Free PDF. Sin perjuicio de esto y tal cual hemos dicho, el Poder Ejecutivo y el Legislativo también están "sujetos" a esta inspección aunque no lo lleven a cabo per se (podemos hablar de sujetos pasivos de control). Ídem Ferrer Mac-Gregor (2010), p. 699. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 3. 113Voto del Juez Ferrer Mac-Gregor en Corte IDH, Supervisión, Resolución de 20 de marzo de 2013, párrs. 72En ese expediente, los Coroneles R.R.S.S. 94Hitters y Fappiano (2012), T. II, V. 1, pp. Hitters, Juan Carlos (2006): "Los Tribunales Supranacionales", La Ley, (Buenos Aires, 2006-E). Las apelaciones a Roma estaban prohibidas. Carpizo, Enrique (2013): "El control de convencionalidad y su relación con el sistema constitucional mexicano. 43, ibidem parr. Cabrera García y Montiel Flores vs. México (Sentencia de 26 de noviembre de 2010): Corte IDH, Serie C N° 220. El Tribunal interamericano ha dejado en claro que, en principio, no se ocupa en sí de las cuestiones locales sino que su tarea es la de inspeccionar si los países han violado o no las convenciones sujetas a su competencia7. 54Véase Corte IDH, Serie A N° 4, OC-4/84, de 19 de enero de 1984. 28, diciembre 2011, Puebla, México). El Código de Procesal Civil del Perú es el cuerpo legal peruano que regula el procedimiento en los procesos contenciosos civiles entre partes y, además, de los actos de jurisdicción no contenciosa que corresponde a los tribunales de justicia del Perú. A partir del caso "Almonacid Arellano" la Corte IDH tuvo la intención de marcar que la regla atacada carece de efectos jurídicos desde su inicio, criterio que mantuvo en casos posteriores. Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú (Sentencia de 24 de noviembre de 2006): Corte IDH, Serie C N° 158. Por ello es imprescindible que los integrantes de poderes del Estado19 y especialmente los abogados litigantes, conozcan en profundidad la jurisprudencia del Tribunal, para pedir que se aplique directamente en sus países sin la necesidad de cruzar las fronteras. I y Vol. Idem VíTOLO (2013), p. 374. d)  De acuerdo con el Acta de constatación a fojas 23 de autos, y la propia declaración de la recurrente, el Lote 51, de propiedad de la recurrente, tiene puerta de ingreso directo por el jirón Ica Nueva, por el cual tiene libre ingreso a su predio; asimismo, si la puerta permanece cerrada es por su propia decisión, fundada en razones de seguridad. Grecia vs. Reino Unido (de 26 de septiembre de 1958 (Vol. López Mendoza vs. Venezuela (Sentencia de 1 de septiembre de 2011): Corte IDH, Serie C N° 233. 686 a 688 (conforme art. Hemos visto cómo se fue modulando el campo de la interpretación conforme, para compatibilizar los dispositivos de las Cartas Magnas locales con el derecho supranacional, tratando de evitar en lo posible el desperdicio de un precepto interno que puede ser útil si es correctamente interpretado. Intensity control. Por ello, para resolver este desideratum es preciso acudir a la interpretación de los principios y postulados que reinan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la Corte Interamericana. Dicho Tribunal en base a lo dispuesto por los arts. Empero, lo cierto es que -como antes vimos- ninguna norma del Pacto de Costa Rica le da en forma expresa el carácter extensivo, válido para todos los asuntos a los decisorios de la Corte IDH. No debemos olvidar -en paralelo- que en los últimos 30 años las Constituciones de los distintos países han comenzado a positivar los postulados de interpretación básicos de los derechos humanos, por ejemplo, el principio de progresividad, el de interpretación conforme y el postulado pro homine entre otros; criterios estos que fueron recibidos con beneplácito por la Corte Interamericana. Empero esta pauta no fue constante en la Corte IDH y todo depende del caso concreto. 29 del Pacto de San José). 82Hitters (2006), p. 818. Por otro lado y en una postura opuesta conviene alertar que ciertos autores pregonan un amplio margen de apreciación nacional a tal punto que inclusive se oponen por ejemplo al control de convencionalidad ya que entienden que afecta la legitimación democrática del Parlamento. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de ese país en el decisorio del 22 de febrero de 2013 declaró -por mayoría- que lo dispuesto por la Corte Interamericana en el ya nombrado fallo "Gelman" y en general, en los demás pronunciamientos de ese organismo internacional no son vinculantes para quienes no han sido parte de ese proceso judicial. ; ídem Hitters y Fappiano (2007), Tomo 1, Volumen 1, pp. "La Última Tentación de Cristo " [Olmedo Bustos y otros] vs. Chile (Sentencia de 5 de febrero de 2001): Corte IDH, Serie C N° 73. Baena Ricardo y otros vs. Panamá (Sentencia de 28 de noviembre de 2003): Serie C N° 104. 19Corte IDH, Serie C N° 181, de 2 de agosto de 2008. Tribunal Constitucional vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001): Corte IDH, Serie C N° 71. 111Voto del Juez Ferrer Mac-Gregor en Corte IDH, Supervisión, Resolución de 20 de marzo de 2013, párr. 48. Mediante el Proyecto de Ley 3711/2022-CR, la congresista de la República Susel Ana Maria Paredes Piqué propone reforma constitucional que prohíba el nepotismo electoral y la reelección encubierta.. En la exposición de motivos, la congresista sostiene que las autoridades como el presidente, congresistas, gobernador regional, consejeros regionales, alcaldes y … La Corte IDH viene señalando esto desde antiguo. El Amparo vs. Venezuela (Sentencia de 14 de septiembre de 1996): Corte IDH, Serie C N° 28. La recurrente refiere que existe una servidumbre de paso que permite el ingreso en los predios de los emplazados, quienes viven en la parte del fondo, y le sirva de acceso a ella por la puerta lateral de su propiedad Mz. Voto de los Jueces Ventura Robles y Ferrer MacGregor, parrs. [Continúa …] En ese orden de ideas vale la pena recordar que en la famosa sentencia "Costa vs. ENEL" dictada por ese cuerpo judicial europeo, en el año 196412, el mismo sostuvo que las leyes comunitarias, tanto primarias como secundarias13, han sido consistentemente proclamadas por ese organismo como preeminentes tanto frente a las leyes internas anteriores, como a las posteriores (incluyendo las leyes constitucionales nacionales). Radilla Pacheco vs. México (Sentencia de 23 de noviembre de 2009): Corte IDH, Serie C N° 209. Véase Loiano (2008), en Albanese, Coordinadora (2008), pp. 1Trabajo realizado sobre la base del artículo recientemente publicado en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Número 22, julio-diciembre de 2014, Editorial Porrúa - Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2015. 34, 42, 69 y 70. The Inter-American Court did in the early days this job without expressly saying so, but finally comparing international standards with domestic and judging on the prevalence of those. Galai Palermo, Pablo (2013): "Uruguay: Una sentencia declara inconstitucional Ley 18831", http://www.asuntosdelsur.org/uruguay-sentencia-scj-inconstitucional-ley-18831/. V, núm. Código Procesal Constitucional 1 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL (LEY Nº 28237) TÍTULO PRELIMINAR Artículo I.- Alcances El presente Código regula los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los En ese caso las autoridades domésticas quedan -podemos decir-, encargadas de resolver determinadas vulneraciones de los derechos humanos. Hemos querido adelantar que ese cuerpo internacional ha sentado la postura en el sentido de que por regla, él no está diseñado para modificar en forma directa el derecho interno, ya que su misión consiste en "controlar" si las normas locales acatan -o no- las convenciones internacionales; y por ende no se convierte en una "cuarta instancia" que deja sin efecto las leyes de los países8. Almonacid Arellano y otros vs. Chile (Sentencia de 26 de septiembre de 2006): Corte IDH, Serie C N° 154. 3, párr. 50. CODIGO CIVIL COMENTADO - TOMO I - PERUANO ... y aquí sí cabe aplicar la causal de nulidad expresamente regulada en el numeral 1 del artículo 219.1 del Código Civil peruano de 1984. Si esa Sentencia fue determinante en que lo allí dispuesto tiene efectos generales, esa declaración conforma ipso iure parte del derecho interno peruano, lo cual se refleja en las medidas y decisiones de los órganos estatales que han aplicado e interpretado esa sentencia"100. 4. También podríamos destacar como un avance, el concepto esgrimido por la Corte en el sentido que no sólo el Poder Judicial, sino también el Legislativo y el Ejecutivo deben cumplir un balance entre el derecho interno y el derecho internacional, dentro de sus ámbitos competenciales, haciendo valer la regla supranacional (Caso "Gelman vs. Uruguay, Supervisión de Cumplimiento"). 101Repárese en la similitud que tienen dichos precedentes con lo actuado, por ejemplo, por la CSJN en el ya aludido caso "Simón". Conf. Idem, Corte IDH, Serie C N° 276, de 30 de enero de 2014, Voto del Juez Ferrer Mac-Gregor, párr. Véase Gialdino (2008), p. 1295. 28Corte IDH, Serie C N°    279,    de 29 de mayo de    2014, parrs. 122Corte IDH, Serie C N° 274, de 26 de noviembre de 2013. En esta última línea jurisprudencial sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía, como sucedió en la Sentencia del Caso Gelman, expresamente se concluye en el Resolutivo 6 que ‘El Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana’ y específicamente dentro de la motivación, se expresa: ‘En particular, debido a la interpretación y a la aplicación que se ha dado a la Ley de Caducidad, la cual carece de efectos jurídicos respecto de graves violaciones de derechos humanos en los términos antes indicados, ha incumplido su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención, contenida en el artículo 2 de la misma, en relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 del mismo tratado y los artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas’."112. Uno de los temas más complicados en esta problemática es saber cuál es ese "margen" y qué amplitud tiene46. Ídem http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=16834&Language=EN. Margen de apreciación nacional. Este es un caso muy especial dado que el Tribunal regional ya había expresado su opinión sobre la inconvencionalidad sobre las leyes de caducidad, no obstante ello el más alto órgano judicial del Uruguay había desconocido dicho criterio, y sobre el argumento del margen de apreciación nacional inaplicó la jurisprudencia interamericana. Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia (Resolución de la Corte IDH de 31 de marzo de 2014): Corte IDH. Palabras clave: Control de Convencionalidad. Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al libre tránsito es un imprescindible derecho individual, elemento conformante de la libertad y una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona; y que esta facultad de desplazamiento se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías privadas de uso público, derecho que puede ser ejercido de modo individual y de manera física o a través de la utilización de herramientas tales como vehículos motorizados, locomotores, etc. Pone de relieve la proyección de la eficacia hermenéutica erga omnes que tiene la sentencia con respecto a todos los países que se han plegado al sistema interamericano. 30Corte IDH,    Serie C N°    279,    de    29 de mayo de 2014, párrs. 116Corte IDH, Supervisión, Resolución de 20 de marzo de 2013. 24Corte IDH, Serie C N° 278, de 26 de mayo de 2014. 3. En algunas circunstancias se ha evitado poner en contraposición el criterio de la supremacía convencional o interpretación jerárquica, utilizando el postulado de la "coordinación" (o diálogo) entre los esquemas nacionales e internacionales, sobre la base del principio de interpretación pro homine74; criterio utilizado por la propia Corte IDH por ejemplo en el aludido caso "Castañeda Gutman"75. 67. Nótese que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado cierto margen de apreciación a los países47, sosteniendo, por ejemplo, que estos tienen libertad para definir el estatus jurídico del Convenio Europeo de Derechos Humanos48. En efecto, la Corte IDH en el caso "La Cantuta" había expresado que ".. .De las normas y jurisprudencia de derecho interno analizadas, se concluye que las decisiones de esta Corte tienen efectos inmediatos y vinculantes y que, por ende, la sentencia dictada en el caso Barrios Altos está plenamente incorporada a nivel normativo interno. La postura sub examine hunde sus raíces en la doctrina del marge d' appréciation aplicado por el Consejo de Estado Francés y en la jurisprudencia sobre la discrecionalidad administrativa de algunos países del ámbito continental. 8.2.h CADH)30. En la Provincia de Buenos Aires el Código Procesal Civil y Comercial regula esta posibilidad en los arts. 91. 42Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917, modificada el 10 de junio de 2011, publicada en el DOF el 10 de junio de 2011. Desde el año 2001 la Corte IDH refiriéndose al derecho interno peruano y a partir de los casos: "Barrios Altos", "El Tribunal Constitucional de Perú" y especialmente en "La Cantuta" (entre otros) 97, había parado mientes en señalar ciertos efectos erga omnes de sus fallos no sólo para el asunto concreto sino para todo el derecho interno de ese país, aún fuera del caso juzgado. 104Al respecto, véase Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Resolución 1226 de 28 de septiembre de 2000 "Execution of judgments of the European Court of Human Rights". 32Corte IDH,    Serie C N°    246,    de    31 de agosto de 2012, párr. En suma, según este elevado criterio -que compartimos-, las sentencias del Tribunal Interamericano originan dos tipos de consecuencias, a saber: una de vinculación directa -y obligatoria- para el país condenado (arts. Resumen: El control de convencionalidad se ha ido acomodando progresivamente desde los primeros fallos de la Corte Interamericana —al igual que su homónima europea—, hasta los más nuevos, donde en general se ha notado una evolución favorable. Hemos hecho un análisis del instituto del control de convencionalidad con el fin de llevar a cabo un balance de su estado actual buscando de alguna manera marcar los "adelantos" y también los "retrocesos" que se observan en la figura sub examine. 3Primero se habló de una especie del control, aunque luego el concepto se extendió. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 112Voto del Juez Ferrer Mac-Gregor en Corte IDH, Supervisión, Resolución de 20 de marzo de 2013, párr. En los últimos tiempos98 el tribunal regional reiteró conceptos expresados con anterioridad señalando que "la obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del Derecho Internacional, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servandaf99. Código Penal peruano [actualizado 2022] Legislación Básica. 110Voto del Juez Ferrer Mac-Gregor en Corte IDH, Supervisión, Resolución de 20 de marzo de 2013, párrs. Los epígonos de esta vertiente sostienen que ni de las obligaciones de los artículos 1.1 y 2 de la CADH, ni del restante contenido de ésta, ni de ningún otro Tratado, puede inferirse la existencia de una obligación para los Estados de integrar y situar en el sistema jurídico local a los Tratados al mismo nivel o un rango superior que el de su Constitución, "pero mucho menos que los órganos vinculados a la administración de justicia estén obligados a hacer eso o a tomar esa decisión. El Tribunal regional remarcó en los últimos años la importancia del control "primario" de convencionalidad, como pilastra fundamental de todo el sistema, partiendo del postulado que el "secundario" -hecho por ella- debe atenerse al modelo de la subsidiariedad, criterio que fue consolidado en el caso "Brewer Ca-rías" ya analizado, donde se requirió por mayoría el agotamiento de los recursos internos rechazando la demanda por incumplimiento de este criterio. Angulo Jacobo, Luis Fernando (2013): "El control difuso de convencionalidad en México", en Revista del Instituto de la Judicatura Federal (Número 35, 2013, Poder Judicial de la Federación - Consejo de la Judicatura Federal - Instituto de la Judicatura Federal, México, D.F. 88Corte IDH, Serie C N° 52, de 30 de mayo de 1999. 26 y 27. Estos criterios han quedado firmes en la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y en sus Protocolos. 274. Con fecha 3 de marzo del 2011, doña Irma Aydée Chirinos Aguilar de Vilca interpone demanda de hábeas corpus contra doña Felícita Amanda Chirinos Aguilar y don Aníbal Walter Chirinos Aguilar alegando la vulneración de su derecho a la libertad de tránsito y solicita el retiro de la puerta instalada y/o que se le autorice el ingreso por el pase de servidumbre del jirón Ica Nueva N.º 2070, Cajas Chico, Sector 3, Huancayo (Junín). - Denuncia - Excepción de Inconstitucionalidad Arts. 62.1 CADH) que resulta atrapante (arts. No debemos olvidar que para que se cumpla a cabalidad el principio de "agotamiento de los recursos internos", el órgano doméstico que debe decidir, no puede tener limitaciones de hecho o de derecho que le impiden agotar la cuestión en profundidad. La Municipalidad Provincial de Huancayo, mediante Autorización N.º 007-2011-MPH/GDUA, a fojas 9 de autos, permite a los emplazados la apertura de una puerta en el pasaje de servidumbre de los lotes signados con los números 2070-A y 2070-B, que corresponden a los Lotes 52 y 53, que tienen a su favor la servidumbre. Hacia una simple actividad protectora de los derechos humanos", Boletín Mexicano de Derecho Comparado (año XLVI, núm. 10Hitters (1997), p. 1406, véase punto "C" y nota 17. De todos modos la Corte se reserva el derecho de hacerlo ella como último interprete de la CADH y para evitar que se frustre -por una decisión doméstica-el control de convencionalidad. Dice García Ramírez -ahora no ya como juez, sino como doctrinario- que ".la exigencia de que se satisfagan estos presupuestos no implica de suyo, en el caso concreto en el que se plantean, apreciación sobre la existencia de las violaciones aducidas o la responsabilidad de quien deba enfrentarlas o la reparación pertinente. Entrevista exclusiva a la pareja de Shirley Díaz y a su…, «Arroz con leche, me quiero casar»: comentarios a la Ley 31643…, Jurisprudencia del artículo 7 del TUO del DL 728.- Conceptos excluidos…, Jurisprudencia del artículo 9 del TUO del DL 728.- Subordinación y…, Trabajador debe acreditar que comunicó a su empleador padecimiento de enfermedad…, Contrato de trabajo por incremento de actividad debe consignar de forma…, ¿Qué es un «estado de emergencia»? Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del derecho a la libertad de tránsito. Conclusiones: adelantos y retrocesos del control de convencionalidad. Suárez Rosero vs. Ecuador (Sentencia de 12 de noviembre de 1997): Corte IDH, Serie C N° 35. La Corte ha "felicitado" en alguna oportunidad a los países por resolver correctamente los asuntos y aplicar válidamente el control de convencionalidad. c)  La Municipalidad Provincial de Huancayo, mediante Autorización N.º 007-2011-MPH/GDUA, a fojas 9 de autos, permite a los emplazados la apertura de una puerta en el pasaje de servidumbre de los lotes signados con los números 2070-A y 2070-B, que corresponden a los Lotes 52 y 53, que tienen a su favor la servidumbre. 1 (XLIV-E/13)-. comentarios al cÓdigo procesal civil peruano Para fines académicos les comparto este interesante material sobre “ Comentarios al Código Procesal Civil”, analizado artículo por artículo realizado por la Dra. Más recientemente, en el caso "Gelman vs. Uruguay"103 que ya hemos citado varias veces, la Corte IDH tomando en cuenta un antecedente del Tribunal de Estrasburgo remarcó "...que la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos forma parte de la Convención, extendiendo así la fuerza legalmente vinculante de la Convención erga omnes (a todas las otras Partes). Hemos dicho que la consecuencia general de la declaración de inconven-cionalidad consiste en privar de los efectos jurídicos a la norma infectada, en cuyo caso, según el derecho doméstico, la regla debe ser declarada inválida. CSJN, "Simón, Julio H., y otros", sent. 5. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Ciertos doctrinantes -como luego veremos- han criticado la figura sub examine ya que consideran que el uso excesivo de la misma impide a los operadores jurídicos conocer con cierta dosis de previsibilidad cuál sería la jurisprudencia mayoritaria de un tribunal internacional, lo que atentaría contra la seguridad jurídica. Compartimos la Ley 31591 que modifica el Texto único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la República y dicta otras disposiciones.. Vea también: [VÍDEO] Comentarios de Juan Monroy … Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 53Sagüés (2010), p. 1245, ibídem Sagüés (2006), p. 222. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. 69. 62.3 y 68.1 del Pacto), y el Estado, tiene la obligación de adaptar y en su caso modificar el derecho interno -incluyendo la propia Constitución- como ocurrió en el caso de "La Última Tentación de Cristo"90. 4Corte IDH, Serie C N° 158, de 24 de noviembre de 2006. 62 y 68 CADH). Opina el Magistrado en su Voto que el derecho a la protección judicial del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de gran trascendencia sustantiva, constituye un elemento integrador entre el derecho interno y el derecho internacional. Bien explicado por Romy…, [VÍDEO] Así sustentó Aníbal Torres su tesis de doctorado en derecho, Efectos civiles por declaración de nulidad de matrimonio por bigamia respecto a la pensión de viudez [Pleno Jurisdiccional Distrital Piura 2009], «Arroz con leche, me quiero casar»: comentarios a la Ley 31643 sobre matrimonio notarial, El segundo matrimonio del bígamo solo se puede reputar válido desde el fenecimiento del primer matrimonio [Resolución 334-2013-Sunarp-TR-L], Fenecimiento de la sociedad de gananciales: Efectos del divorcio alcanzan a las partes desde notificación de la demanda [Casación 3539-2014, Tacna], ¿Por qué se dice que el Código Penal se inscribe en la línea de una teoría unificadora preventiva? 66]. A fojas 23 obra el Acta de Declaración Explicativa de fecha 4 de marzo del 2011, en la que consta que el juez de primera instancia entrevista a la recurrente e inspecciona el lugar, verificando que la recurrente puede ingresar libremente y que los emplazados no se encontraban presentes. 91. Tales déficits se advierten en paralelo, en la necesidad de que ese cuerpo judicial ha tenido que llevar a cabo tantas Supervisiones. 29 del Pacto de San José señala que si en el ámbito interno surge una protección mayor (es decir más eficaz) debe ponerse en juego el esquema local y no el internacional. Señalan los citados autores que ".. .no es posible ignorar que el Tribunal generalmente interpreta una o más normas del Convenio y sus Protocolos para resolver el caso concreto que le fue sometido, y desarrolla entonces una actividad interpretativa que viene consagrada en el texto de la sentencia. VIII. Fundamento destacado: 3. Hitters, Juan Carlos (2012): "Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana", La Ley, (2012-C). Esta pauta hermenéutica vale para cualquier persona que tenga a su cargo aplicar una norma jurídica ("Liakat Ali Alibux"). 2012). Sin entrar a ocuparnos -por ahora- del tema de la vinculatoriedad de los fallos del Tribunal de Costa Rica, parécenos indispensable dejar en claro que recientemente la Corte IDH ha reiterado -al juzgar un caso sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista a la Comunidad Indígena Mapuche- que las autoridades judiciales domésticas deben aplicar los estándares o criterios establecidos por ella para garantizar el derecho de defensa en ejercicio del control de convencionalidad28. 186, citando el caso Barrios Altos vs. Perú. Desde luego, la normativa interna puede ser -e incluso debe ser- muy favorecedora de la tutela de los derechos fundamentales, y, por ende, puede y debe reducir al mínimo los citados presupuestos, a fin de no oponer barreras innecesaria a la protección del individuo. 69Corte IDH, Serie C N° 221, de 24 de febrero de 2011, párrs. Para ello no debe omitirse que "...el carácter evolutivo de la jurisprudencia interamericana ha permitido interpretar el contenido obligacional derivado del artículo 2° de la Convención Americana de ‘adoptar disposiciones de derecho interno’ sean ‘medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos’ los derechos y libertades. A su vez en el leadin case " Costa vs. ENEL", dejó sentada la doctrina de la supremacía de las disposiciones normativas de la Comunidad. Esto es -valga la redundancia-, la interpretación que de la misma ha hecho el órganos jurisdiccional interamericano (art. 50Véase Comisión IDH, Grecia c. Reino Unido, de 26 de septiembre de 1958, (Vol. 284. Esto significa que los Estados Parte no sólo deben ejecutar las sentencias de la Corte pronunciadas en casos en que son parte, sino también deben tomar en consideración las posibles implicaciones que las sentencias pronunciadas en otros casos puedan tener en sus propios ordenamientos jurídicos y prácticas legales ’ (énfasis añadido)104. Las obligaciones convencionales de los Estados Parte vinculan a todos los poderes y órganos del Estado, es decir, que todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, u otras ramas del poder público) y otras autoridades públicas o estatales, de cualquier nivel, incluyendo a los más altos tribunales de justicia de los mismos, tienen el deber de cumplir de buena fe con el derecho internacional"106. Idem Corte IDH, Serie C N° 278, de 26 de mayo de 2014. García Ramírez, Sergio (2011): "El control judicial interno de convencionalidad", IUS, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (A.C., vol. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) emitió el primer precedente vinculante sobre la debida notificación de las sentencias penales, con base en el artículo VI del título preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional tras declarar fundada una demanda de habeas corpus presentada por una persona condenada en calidad de cómplice por el delito de … En verdad el control de convencionalidad puede efectuarlo cualquier juez o Tribunal que materialmente realice funciones jurisdiccionales, incluyendo -según el diagrama de los diversos países- las Cortes Supremas de Justicia, las Cortes, Salas o Tribunales Constitucionales; y en aquellos que ejecutan el control difuso, todos los jueces sin distinción de jerarquías, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. e)  La recurrente reclama el ingreso por la servidumbre de paso porque ha abierto una puerta lateral en su lote, con el fin, a tenor de su propia declaración, de independizar una parte de su lote. 91Corte IDH, Serie C N° 75, de 14 de marzo de 2001. 2. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84, (del 19 de enero de 1984): Corte IDH, Serie A N° 4. Modelo de hábeas…, ¿Quién es Ronald Atencio Sotomayor, el nuevo y «único» abogado de…, Actividades organizadas por el Colegio de Notarios de Lima, Gobierno decreta inmovilización social obligatoria en estos lugares [Decreto Supremo 144-2022-PCM], Destituyen a servidora por haber sustraído un depósito judicial de S/96…, Declaran barrera burocrática requisitos exigidos por municipalidad para obtener el carnet…, Ley 31643: notarios podrán celebrar matrimonios civiles, Código Civil peruano [realmente actualizado 2022], Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas (Ley 31589)…, Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) [actualizada 2022], Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867) [actualizada 2022], Sunat lanza diversas convocatorias con sueldos de hasta 11 150 soles, Indecopi lanza convocatorias dirigidas a egresados de derecho, Ministerio Público lanza convocatorias con sueldos de hasta 4500 soles, Resultados del examen de Sunafil (evaluación de capacidades) [Concurso 001-2022-SUNAFIL], LP requiere 10 egresados o bachilleres para el área de derecho…, ¿Por qué Aníbal Torres renunció a la Presidencia del Consejo de…, [VÍDEO] La función de distinguir el daño del perjuicio y el…, Elvia Barrios: «El trabajo presencial es del juez, pero el juez…, [VÍDEO] Diferencias entre injuria, difamación y calumnia. El Cuarto Juzgado Penal de Huancayo, con fecha 6 de marzo del 2011, declara infundada la demanda al considerar que en el título de propiedad de la recurrente no consta la servidumbre de paso a su favor; que la recurrente no sufre ninguna restricción a su derecho de libre tránsito, y que la controversia entre las partes atañe a asuntos de mera legalidad, los que pueden ser resueltos por la justicia ordinaria. Debe quedar en claro que en estos casos siempre que hablamos de obligatoriedad de los fallos de la Corte IDH, lo hacemos bajo el postulado del principio pro homine, esto es, entendida en el sentido más favorable al ser humano (art. 45Díaz Crego, Margen de apreciación nacional, 2010. Ello es así pues al cumplir este tipo de 'interpretación' se puede salvar la inconvencionalidad del precepto doméstico, tal cual veremos en el siguiente apartado. Hitters, Juan Carlos (2009): "Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Empero últimamente fue cambiando de tornas, destacando su potestad de controlar la convencionalidad de las normas locales, aún en abstracto83. ."80. 93Corte IDH, Serie C N° 162, de 29 de noviembre de 2006. 84Corte IDH, Serie C N° 21, de 29 de enero de 1997, párr. Por ejemplo en el caso "Evans vs. Reino Unido", atinente a la fertilización in vitro, se dejó librado a éstas lo atinente a la presunta violación del derecho a la vida de los embriones preservados debido a que la legislación nacional exigía su destrucción ante el retiro del consentimiento de la pareja de la peticionaria sobre su implantación51. Costa vs. ENEL, en E.C.R. Véase también Bazán (2011), p. 1. A la par debe verse como un punto negativo la excesiva duración de los procesos, tanto en la Comisión IDH como en la Corte IDH (en total aproximadamente 5 años). 79 y ss. Se trata de una verificación difusa que -como dijimos-, es hecha dentro del país. 46.1.1). 65. Aquí quien utilizó esta terminología fue el citado Juez. Añade que habilitó una puerta lateral en su propiedad que da a la servidumbre para poder independizar la tienda de la trastienda, pero que aún no lo ha hecho porque está en proceso de construcción, y que hace uso de dicha propiedad desde el año 1990. 67Corte IDH, Serie C N° 221, de 24 de febrero de 2011. Aportes del Derecho Internacional de los derechos humanos", en La Ley (2008-C). Caso J. vs. Perú (Sentencia de 27 de noviembre de 2013): Corte IDH, Serie C N° 275. Fundamentó su decisión en que ese país había recibido varias medidas cautelares y decisorios injustos en su contra por parte de la Corte IDH, y algunos casos de la Comisión IDH que violarían la soberanía de ese país, sobre todo emitiendo medidas de seguridad sin agotar -dicen- los recursos internos. Empero no será baladí repetir que allí existió un Voto Disidente de los Jueces Ferrer MacGregor y Ventura Robles quienes consideraron que en esta causa particular la Corte debió entrar al fondo de la cuestión sin retrogradar el proceso. 228, y Corte IDH, Serie C N° 254, de 21 de noviembre de 2012, párr. 12Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Caso 6/64, 1964, p. 585. Como hemos dicho -ya varias veces-, el sistema interamericano a través del Pacto de San José de Costa Rica funciona -respecto del control de convenciona-lidad- bajo el modelo de la subsidiariedad (art. De todos modos como bien dice Nogueira Alcalá33 ellas operan como elementos básicos de toda interpretación de derechos fundamentales, y valen aunque no se encuentren positivadas dentro de la propia Constitución. 97Casos de la Corte IDH: Serie C N° 75, de 14 de marzo de 2001; Serie C N° 162, de 29 de noviembre de 2006; Serie C N° 71, de 31 de enero de 2001, y Serie C N° 104, de 28 de noviembre de 2003. Esta postura vino como consecuencia -entre otros motivos- de un movimiento producido por varios países por ejemplo: Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia y El Salvador, que se quejaron por la dureza de las medidas cautelares dictadas en su contra por la Comisión IDH. El Presidente de México Dr. Enrique Peña Nieto -el 25 de junio de 2014-, en palabras pronunciadas durante la Presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos, expresó su satisfacción por la actuación de su país en el campo de la protección y promoción de los derechos humanos. Voto del Juez Ferrer Mac-Gregor, parr. 95Algunos autores prefieren no usar la terminología "obligatoriedad del precedente y de grado de vinculación vertical" proponiendo utilizar la fraseología "diálogo jurisdiccional", Oteiza (2012), p. 89. Este control de oficio se debe cumplir conforme a la competencia de los órganos internos y bajo las reglas adjetivas establecidas para este efecto. Esto es lo que ha dado en llamarse -ya lo dijimos- el diálogo jurisprudencial entre la justicia local y la internacional63, siempre teniendo en cuenta que los Estados al plegarse al Pacto de San José han consentido en limitar su soberanía en beneficio de un bien superior al mismo que -como dice Nogueira Alcalá-, es el respeto a la dignidad inherente al ser humano. Hemos puntualizado que cuando la Corte IDH fija una doctrina legal -imperativa-, la misma es vinculante -en principio- para los Estados partes por lo que de ese modo de alguna manera se minoriza el principio del margen de apreciación nacional teniendo en cuenta la obligatoriedad de los pronunciamientos del tribunal regional. 70Suprema Corte del Uruguay, IUE 2-109971/2011, Sentencia N° 20, de 22 de febrero de 2013, al que nosotros denominamos el "Caso de los Coroneles". Ello se da en aquellas hipótesis en las que el Tribunal internacional considera que los cuerpos internos están en mejores condiciones para decidir el asunto. 43Véase Angulo Jacobo (2013), p. 85. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al libre tránsito es un imprescindible derecho individual, elemento conformante de la libertad y una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona; y que esta facultad de desplazamiento se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías privadas de uso … Voto de los Jueces Ventura Robles y Ferrer MacGregor, parr. 1.1 y 2 CADH). 117Corte IDH, Supervisión, Resolución de 20 de marzo de 2013. Véase Corte IDH, Serie C N° 221, de 24 de febrero de 2011. Yendo ahora al control de convencionalidad 'en abstracto' conviene poner de resalto que en los primeros tiempos tal cuerpo interamericano sostenía que era improcedente la revisión supranacional si el precepto atacado no había sido aplicado. 26Corte IDH, Serie C N° 278, de 26 de mayo de 2014. Adelantos y retrocesos del control de convencionalidad. 138, sept.-dic. Se expresó allí que la excepción al principio de subsidiariedad se da justamente cuando no existe en la legislación interna el debido proceso legal (art. A partir de entonces se ha mantenido firme la jurisprudencia que permite el cotejo ex officio79. Ya es sabido que este control stricto sensu solamente puede ser realizado por el poder judicial y en general por quienes realizan funciones jurisdiccionales35, ya que solamente ellos están en condiciones de declarar la invalidez de una norma jurídica. 120García Ramírez y Zanchi (2012), pp. En definitiva esta inspección de compatibilidad puede ejercitarse preventivamente, como en el caso de algunos Tribunales Constitucionales Europeos (de jurisdicción concentrada). Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (2013): "El control difuso de convencionalidad en el Estado constitucional" en Panorámica del Derecho Procesal Constitucional y Convencional (Marcial Pons, Madrid - Buenos Aires). En una apretada síntesis podemos concluir que en las últimas épocas ese Tribunal efectuó como siempre el control de convencionalidad de los preceptos del derecho doméstico aplicados al caso concreto; y también de aquellas reglas que habiendo sido sancionadas -y vigentes- no hubieran sido utilizadas en una causa determinada. Si bien es cierto que la Corte interamericana ha expresado constantemente que -tal cual lo dijimos- los países deben tener en cuenta no sólo los tratados internacionales sino también la jurisprudencia de ese Tribunal, lo cierto es que en algunos casos ella misma ha permitido tanto en el ámbito consultivo54 como en la jurisdicción contenciosa cierta posibilidad de apreciación nacional55. Dijimos que el Tribunal interamericano hizo en los primeros tiempos este trabajo sin decirlo expresamente, pero comparando al fin las normas internacionales con las domésticas y juzgando sobre la prevalencia de aquéllas. 98; apuntalando ese criterio véase también el Voto del Juez Candado Trindade en el caso "La Última Tentación de Cristo" (Corte IDH, Serie C N° 73, de 5 de febrero de 2001, párr. Compartimos con ustedes el Código Penal del Perú (Decreto Legislativo 635), promulgado el 3 de abril de 1991 y publicado el 8 de abril del mismo año. Comparación", La Ley, (2009-D). Norin Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile (Sentencia de 29 de mayo de 2014): Corte IDH, Serie C N° 279. Presentación. Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Irma Aydée Chirinos Aguilar de Vilca contra la resolución expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 56, su fecha 28 de marzo del 2011, que declaró infundada la demanda de autos. En definitiva podemos reiterar que el modelo de la "interpretación conforme" busca una hermenéutica que compatibilice -en lo posible- las normas internas con las de los tratados, para salvar la convencionalidad de aquellas. 144.1. Abstract: The conventionaly control has been adapting gradually since the early sentences of the Inter American Court —like its european namesake—, to newer, generally where there has been a positive trend. 67. En tal sentido expresó el conjunto de los Jueces de la Corte en el caso "Trabajadores Cesados del Perú"4 al sostener que ".. .cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. No es plausible llevar todo a la Corte IDH, que sólo puede resolver no más de 30 o 40 por año. 204. En el mismo cuadrante y con respecto, por ejemplo, a la "prisión preventiva" puso énfasis en señalar que dicho instituto debe manejarse conforme a los criterios o estándares señalados por el Tribunal regional29; lo mismo expresó en lo atinente a la posibilidad de ejercer el derecho a recurrir un fallo (art. IUE2-109971/2011 (de 22 de febrero de 2013): Suprema Corte del Uruguay, Sentencia N° 20. En Argentina y en algunos otros países -depende de la normativa vigente-se discute si el control de constitucionalidad debe ser llevado a cabo a pedido de parte o de oficio. 75Corte IDH, Serie C, N° 184, de 6 de agosto de 2008. Hitters, Juan Carlos y Fappiano, Óscar (2007): Derecho Internacional de los Derechos Humanos (2a Edición, Editorial Ediar, Buenos Aires). Esta figura es una verdadera manifestación del control de constitucionalidad del derecho internacional, que implica un nuevo paradigma para el Estado constitucional latinoamericano14. Asimismo, indica que nunca les solicitó la llave de la puerta, la cual fue colocada por motivos de seguridad porque existen dos constancias en serenazgo de que dos veces intentaron robarles; añade que la puerta se hizo con autorización de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Ídem Corte IDH, Serie C N° 154, de 26 de septiembre de 2006, párr. Ello generó la creación de un Grupo de Trabajo y Reflexión por el Consejo Permanente de la OEA en el año 2011, que luego de varias reuniones culminó con un Informe, el 22 de marzo de 2013 -AG/Res. Por ello ha señalado la Corte IDH que no hay revisión judicial válida si quien debe hacerla está impedido de determinar el objeto principal de la controversia como podría suceder en casos en que se considera limitado por las determinaciones fácticas o jurídicas realizadas por otro órgano que hubieran sido decisivas en la resolución del caso25. Importa poner de relieve como hito importante que la Corte ha ido con el tiempo formando "criterios" o "estándares" que conforman una especie de doctrina legal que debe ser tenida en cuenta por los Estados. 46.2.b CADH). Por ello cuando ese cuerpo jurisdiccional -luego de hacer la comparación de marras-, dispone que, en el caso concreto, se infringió la convención89, tal pronunciamiento es vinculante para el legitimado pasivo (arts. Corte IDH, OC-16/99, de 1 de octubre de 1999. Se trató de un caso de detenciones ilegales y torturas sin que se hubieran puesto en juego las garantías del debido proceso, que la Corte fijó como "criterio" en varias oportunidades. En material de derecho procesal, el derecho canónico indiano disponía que todas las causas terminaran en América, apelándose la sentencia del metropolitano no al superior sino al más cercano. 161.1 de la Constitución Provincial bonaerense) que tramita directamente ante la Suprema Corte de dicho Estado. 40Entre las constituciones latinoamericanas que adoptan esta pauta interpretativa podemos citar las de Bolivia, Perú y México. El 23 de julio de 2021 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Nuevo Código Procesal Constitucional, mediante la Ley 31307 (compuesta por 124 artículos y cinco disposiciones complementarias finales). ", La Ley, (2008-E). Derogación del literal I) del artículo 35 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil En cambio si el control es llevado a cabo por la Corte IDH y esta advierte un desfase debe así declararlo para que se adecue el precepto al derecho supranacional, de conformidad con la sentencia regional. ). Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (2010): "Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad", en Opus Magna Constitucional Guatemalteco, tomo III (Instituto de Justicia Constitucional, Guatemala). 68, 69, 70, 71 y ss.). Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons, http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=16834&Language=EN, http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/view/94, http://www.asuntosdelsur.org/uruguay-sentencia-scj-inconstitucional-ley-18831/. Conviene reiterar, como lo expresamos con anterioridad9, la trascendencia de la tarea que ejecuta la Corte a través de este contralor heterónomo, que importa de alguna manera una especie de "casación regional" que sirve para unificar la interpretación jurídica de los países plegados al modelo y que abarca en el ámbito interamericano más de cuatrocientos millones de habitantes. Una de las consecuencias de todo ese proceso fue la modificación del Reglamento de la Comisión, el 13 de mayo de 2013, por lo que a partir de allí podemos hablar de un "nuevo Reglamento". 85Corte IDH, Serie C N° 21, de 29 de enero de 1997, párr. Esto no significa que todos los jueces sean competentes para aplicar sin mayores exigencias domésticas este tipo de confronte, pues, repetimos, por regla deben observar las normas locales81. Alude a la eficacia objetiva de la sentencia interamericana "como norma convencional interpretada" con una vinculación indirecta "erga omnes", como estándar interpretativo mínimo de la efectividad de la norma convencional110, siguiendo en parte algunos basamentos del expresidente del Tribunal, Antonio Augusto Candado Trindade, para referirse al efecto de los fallos de la Corte en asuntos en los que el Estado no fue parte del pleito. Claro está que tiene que ser el intérprete doméstico el encargado de detectar y ponderar dichos estándares para evitar que el asunto llegue a la Corte IDH, y se dilate el proceso recargando innecesariamente a este tribunal. Marcamos recién lo que observamos como "adelantos"; no obstante también debemos tener en cuenta ciertos "retrocesos" pendulares que se pueden divisar como, por ejemplo, la cantidad de casos que llegan a la Corte Interamericana por haber sido resueltos erróneamente en el derecho interno, ya dijo ese Tribunal que los países deben tener en cuenta la jurisprudencia que de él deriva y resolver de conformidad para evitar el alongamiento que produce en los pleitos el trasvasamiento de las fronteras en perjuicio de los seres humanos que reclaman derechos. 103Corte IDH, Serie C N° 221, de 24 de febrero de 2011. 204; Cfr. Interpretation based. La misma consiste en una técnica hermenéutica por medio de la cual las reglas contenidas en las Cartas Magnas locales son "armonizadas" con los postulados y principios que surgen de los tratados sobre derechos humanos así como de la jurisprudencia de la Corte IDH, para alcanzar una mayor eficacia. 92Corte IDH, Serie C N° 71, de 31 de enero de 2001. A todo evento puede añadirse que en los países donde no ha ocurrido la po-sitivación constitucional, los estándares y pautas antes aludidos igual se aplican en el campo doméstico a través del principio pro homine instaurado en el artículo 29 de la CADH que forma parte del derecho interno. 60Carpizo (2013), p. 957. Fermín Ramírez vs. Guatemala (Sentencia de 20 de junio de 2005): Corte IDH, Serie C N° 126. En el mismo sentido expresa García Ramírez (2011, p. 129), que el control de convencionalidad desplegado con seriedad, competencia y acierto, favorece y fertiliza el diálogo jurisprudencial interno e internacional. Para los países del sistema interamericano que no contengan esta cláusula, va de suyo -tal cual lo adelantamos- que se debe aplicar la regla antes citada (interpretación pro homine). Las dos cara del ‘control de convencionalidad’", en Pensamiento ConstitucionalN° 18 (Escuela de Posgrado, Maestría en Derecho Constitucional, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú). Serie C N° 157, párr. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (ADELANTOS Y RETROCESOS)*, The Conventionaly Control (Advances and regression), Profesor Emérito de la Universidad Nacional de La Plata Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Es por ello que "la norma interpretada" en la decisión, no puede ser controvertida en el ámbito doméstico, ya que de serlo, tolera el control de convencionalidad secundario (subsidiario)114 por vía de la Corte IDH, que debe calificarla como "inaplicable", es decir "inconvencional"115. No obstante vale la pena recordar que como se infiere de la Supervisión del Caso Gelman vs. Uruguay, la doctrina legal es obligatoria (vinculante) para el conjunto de los países plegados al sistema en cuanto a la hermenéutica que hace la Corte de las normas regionales interpretadas (res interpretata). En definitiva la Corte regional sostiene que la compulsa de convencionalidad debe hacerse de oficio en el marco de las respectivas competencias del órgano juzgador local. Diversa es la circunstancia -añade el fallo- cuando el Estado no ha sido parte en el proceso internacional donde se fijó la jurisprudencia. 83Sobre el particular puede verse el importante libro del profesor colombiano Ernesto Rey Cantor a donde nos remitimos brevitatis causa, dado que lleva ahí análisis pormenorizado de la temática (Rey Cantor (2008) pp. Artículo único. Así se puede lograr una mayor utilidad sin "romper" un dispositivo legal doméstico, esto es cuando se lo "interpreta" usando el criterio más favorable. Esas ideas también han adquirido forma en la jurisprudencia reciente bajo la concepción de que todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un ‘control de convencionalidad’ [Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Con anterioridad el Parlamento Uruguayo había aprobado la Ley de Caducidad (Ley N° 15.848), similar a las de Obediencia de Vida y Punto Final dictadas en Argentina. Bazán, Víctor (2011): "El control de convencionalidad y la necesidad de intensificar un adecuado diálogo jurisprudencial", en La Ley (Suplemento Actualidad, 01/02/2011). Ello así sin perjuicio de la apertura, en el sentido de que el "agotamiento" puede concluirse aun cuando el proceso ya está "dentro" de la Comisión IDH, esto es, después de iniciada la denuncia ante tal cuerpo, hasta el momento en la que la Comisión resuelva21. 106Corte IDH, Supervisión, Resolución de 20 de marzo de 2013, párr. Así, en numerosos casos, la evaluación efectuada por el Tribunal sobre la forma de entender una norma convencional, a partir de una hipótesis concreta que aparentemente involucra a un solo Estado parte, en realidad repercute sobre otros muchos Estados, dada la identidad o la similitud de situaciones, y aunque esa repercusión pueda no resultar manifiesta en el plano de la inmediatez jurídica sino en el de la oportunidad political..."120. 31.1 de la Convención de Viena, que edicta que si un Estado firma un Tratado, en especial en el campo de los derechos humanos, tiene la obligación de realizar los mejores esfuerzos para aplicar los decisorios de los órganos supranacionales correspondientes. Acerca del pretendido carácter normativo erga omnes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal regional aclaró en varias oportunidades que para poner en juego esta doctrina no deben perderse de vista los supuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones. Bien explicado, ¿Qué hacer si te detienen en una marcha? 62 y 68 del Pacto de San José). En efecto, puede darse el caso en el que el operador en lugar de romper la regla local supuestamente viciada, lleve a cabo una "interpretación conforme" de la normatividad doméstica con la supranacional, sobre la idea de salvar la convencionalidad del precepto. 78Corte IDH, Serie C N° 158, de 24 de noviembre de 2006, párr. 135, sept.-dic. Queda claro entonces que los decisorios de la Corte Interamericana producen efectos: 1) no solamente para el país condenado -vinculación directa, inter partes-, 2) sino también hacia los Estados que no intervienen en el pleito internacional (vinculación relativa erga omnes), pero sólo en la medida de la norma interpretada, no así en la totalidad delfallo.

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